Asunción fue la sede de la quincuagésima cuarta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se llevó a cabo del 26 al 28 de junio bajo el lema “Integración y Seguridad para el Desarrollo Sostenible en la Región”. Contrario a este título, la Asamblea de este año transcurrió en tres jornadas de cierta frustración por parte de un gran número de organizaciones de sociedad civil y de activistas por los derechos humanos. Las intervenciones de la cancillería Argentina en las sesiones plenarias y durante la negociación de las resoluciones fue pródiga en observaciones retrógradas.

En sintonía con el mensaje del gobierno de Milei, el estado argentino disputó el lenguaje previamente acordado tanto en resoluciones ya adoptadas como en instrumentos internacionales e interamericanos de derechos humanos. Género, población LGBTI, mujeres y niñas, violencia sexual, violencia de género, cambio climático, agenda 2030, libertad de expresión, interseccionalidad, racismo e intolerancia componen la canasta de términos rechazados por el gobierno argentino. Ursula Basset, abogada designada por Karina Milei, Secretaria de la Presidencia como asesora de la Cancillería argentina, encabezó la delegación. Con argumentos retorcidos y poco convincentes intentó obstaculizar a último momento toda la terminología que había sido previamente discutida  y acordada por el estado. Basset es una figura que se ha hecho especialmente visible a nivel local durante el primer debate parlamentario por la legalización del aborto.

La delegación argentina imaginó que contaría con el apoyo de algunos estados del Caribe angloparlante que son regresivos en temas de género y sexualidad, pero esa ilusión se vio desbaratada por el persistente negacionismo que el gobierno argentino despliega en relación al cambio climático, un tema central para los países caribeños porque están entre los que sufren las peores consecuencias de este fenómeno global.

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