Uno de los puntos centrales de las observaciones enviadas por Akãhatã a la Corte IDH es la deuda de los sistemas democráticos con la población trans. La falta de reconocimiento de la identidad de género en los documentos de identidad se constituye como una barrera institucional que impide el ejercicio efectivo de los derechos políticos.

En muchos países de la región, la ausencia de leyes de identidad de género expone a las personas trans a hostilidad y violencia en las mesas de votación, que muchas veces siguen separadas por sexo asignado al nacer. Esto provoca que muchas personas desistan de ejercer su derecho al voto para evitar riesgos.

Akãhatã alertó que una democracia que no asegura condiciones materiales y administrativas para que todas las personas voten sin miedo ni humillación es una democracia incompleta. Además instó a la Corte a establecer estándares que aseguren que el acceso a los derechos políticos no dependa de la identidad o la expresión de género.