La Organización de los Estados Americanos (OEA) mantiene un sistema de participación para actores sociales que, aunque estructurado, presenta matices políticos y conceptuales fundamentales para los movimientos de la región. El proceso se basa en un registro permanente, similar al estatus consultivo ante el ECOSOC de las Naciones Unidas, que exige a las organizaciones presentar estatutos, balances financieros y resúmenes de actividades.

Sin embargo, el sistema distingue claramente entre las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y otros actores sociales, como redes de jóvenes, sindicatos y el sector académico. Un punto de especial relevancia es la posición de los pueblos indígenas, quienes rechazan ser clasificados como sociedad civil, reivindicando su estatus como naciones con derecho a un reconocimiento análogo al de los Estados.

Procedimientos y tensiones políticas Estar en el registro permanente facilita la participación casi automática en los eventos del organismo, mientras que las organizaciones no registradas deben someterse a un escrutinio mayor por parte de la Secretaría General y el Consejo Permanente. Esta distinción no es solo administrativa, sino política: países como Estados Unidos han insistido en que solo se invite a las organizaciones que ya forman parte del registro oficial, instando a las demás a tramitar su incorporación formal para poder participar.

La importancia de defender estos espacios fue subrayada recientemente por el embajador de Antigua y Barbuda, quien calificó como “antidemocrático” cualquier intento de restringir las invitaciones a último momento. Según el diplomático, “la sociedad civil también tiene que poder escucharnos a nosotros. No hay forma de que podamos trabajar de otra manera”