En su estudio para el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas Unidas aborda la violencia de género facilitada por la tecnología como una prolongación e intensificación de las asimetrías estructurales de podery desigualdades de género que ocurren off line. 

El informe evidencia que casi dos de cada tres mujeres en el mundo han sufrido este tipo de violencia y el 85 % ha sido testigo de ella, afectando hasta al 90 % de las mujeres en regiones como América Latina y Asia-Pacífico. El informe define esta violencia como cualquier acto perpetrado, facilitado, agravado o amplificado por tecnologías de la información, inteligencia artificial (IA) y la Internet de las cosas (red de objetos físicos cotidianos que se conectan a internet para recopilar, intercambiar y procesar datos sin intervención humana, wifi, bluetooth, sensores digitales, cámaras, dispositivos de monitoreo en salud, etc). 

• Deep fake: La violencia se ejecuta a través de imágenes y deep-fake. Es decir de la producción y difusión no consentida de imágenes íntimas, la sextorsión y el uso de IA generativa para crear contenidos sexuales falsos pero hiperrealistas. 
• Cibervigilancia: a través del uso de programas espía (spyware), rastreadores y dispositivos domésticos conectados para vigilar, dominar y acosar de forma encubierta a parejas o exparejas. 
• Ciberacoso y Doxing: se trata de la la exposición deliberada de datos personales para incitar al linchamiento digital masivo, coartando la participación y privacidad de mujeres y niñas.
• Trata y explotación en línea: La captación mediante redes sociales y aplicaciones de citas para la explotación sexual o laboral, aprovechando la opacidad de retransmisiones en directo.
• Misoginia discursiva: presente en campañas orquestadas que difunden contenidos agresivos y sexualizados para atacar la dignidad y el respeto a las mujeres. 

El informe analiza que el blanco privilegiado son adolescentes y mujeres adultas con proyección pública, por ejemplo mujeres que se desempeñan en la política, el periodismo, la militancia y activismo por la defensa de los derechos humanos. 

Y un dato más que aporta a la interseccionalidad del problema: las agresiones se multiplican cuando convergen la orientación sexual o la identidad de género (el 43 % de las personas LGBTQI+ ha sufrido esta violencia frente al 7 % de las personas heterosexuales), así como el origen racial, étnico o la condición migratoria.

El informe denuncia abiertamente que el modelo de autorregulación de las empresas tecnológicas ha fracasado. Las plataformas priorizan la viralidad y la rentabilidad comercial, lo que amplifica discursos polémicos, desinformación generizada y sesgos algorítmicos que privilegian discursos de odio. 

Existe una grave disparidad en la moderación de contenidos: por ejemplo, en el Sur Global y en idiomas locales o minoritarios, la falta de moderadores deja a comunidades históricamente marginadas desprotegidas ante el acoso y la desinformación sin filtro.

Los chatbots de IA actúan a menudo como facilitadores y normalizadores de la violencia al ofrecer instrucciones para acechar o simular abusos. Los asistentes virtuales con voz y rasgos femeninos perpetúan estereotipos de sumisión. Por otra parte, la IA se alimenta de codificaciones que replican sesgos racistas, sexistas y transfóbicos.

Una de las críticas más severas del documento apunta a que los Estados y las plataformas trasladan la carga de la seguridad a la propia víctima. Se exige a las mujeres que moderen sus mensajes, cierren sus cuentas o gestionen su privacidad de forma individual, en lugar de garantizar un entorno seguro. De esta manera, menos de 1 de cada 10 supervivientes recurre a la justicia, señala el informe. La falta de formación policial y judicial con enfoque de género deriva en la banalización de los delitos y en la revictimización. O bien, opta por el uso excesivo de tipos penales que frecuentemente resultan en la criminalización de las víctimas 

En este sentido, el Alto Comisionado propone una serie de medidas basadas en el enfoque de derechos humanos, tales como: 

Obligar legalmente a las empresas tecnológicas a evaluar e integrar la protección de los derechos humanos y de género desde la fase inicial de desarrollo de sus productos y algoritmos, no como reacción tardía

Clasificar y retirar del mercado aquellas tecnologías incapaces de garantizar el respeto a los derechos humanos, como los programas espía altamente invasivos o las aplicaciones diseñadas para generar desnudos mediante IA.

Establecer mecanismos legales y técnicos ágiles que permitan borrar de forma permanente los rastros digitales del abuso.

Reconocer y financiar formalmente a las organizaciones de la sociedad civil y líneas de atención telefónica para que sus notificaciones de contenidos ilícitos sean tramitadas con carácter prioritario por las plataformas

Promover programas educativos desde la infancia que cuestionen las masculinidades tóxicas, enseñen sobre consentimiento digital e involucren a terceros para frenar el acoso en red. 

El informe completo se encuentra disponible aquí