En su informe para el Consejo de Derechos Humanos , Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre sustancias y desechos peligrosos, lanza una advertencia rotunda: las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) están alterando de forma irreversible la composición química del planeta

Estas moléculas sintéticas, creadas por la industria sin equivalente en la naturaleza, son prácticamente indestructibles y se han dispersado por el agua, el aire, el suelo y la cadena alimentaria a escala planetaria. Orellana analiza este fenómeno no solo como una crisis ambiental, sino como una violación sistemática de los derechos humanos que exige una respuesta internacional urgente

El informe detalla que la categoría de las PFAS abarca más de 10.000 compuestos cuya estructura química —basada en el enlace carbono-flúor— les otorga una estabilidad extrema. La relevancia del daño es que no existen tecnologías escalables capaces de eliminar las PFAS de los ecosistemas contaminados: una vez liberadas, sus efectos se prolongarán durante décadas, siglos o milenios. 

Impacto en el organismo humano: Las PFAS atraviesan la placenta y están presentes en la leche materna. Se acumulan en el cuerpo y se relacionan científicamente con inmunotoxicidad, cáncer de riñón y testículo, daño hepático, alteración tiroidea y problemas reproductivos y del desarrollo. La contaminación por PFAS socava de manera directa los derechos a la vida, a la salud, a un medio ambiente limpio y saludable, al agua potable y a un entorno de trabajo seguro. 

El fracaso de regular “sustancia por sustancia”

La principal crítica normativa de Orellana apunta a los sistemas regulatorios tradicionales, que evalúan y prohíben las sustancias químicas de una en una. El Relator califica esta práctica como un fracaso que genera una “sustitución lamentable”: cuando los gobiernos prohíben una PFAS de cadena larga (como el PFOA, ácido perfluorooctanoico que se usa para fabricar teflón, textiles resistentes al agua, etc), la industria química la reemplaza por otra PFAS de cadena corta o ultracorta (como el GenX o el TFA). Aunque se comercializan como alternativas más seguras, los estudios demuestran que estas nuevas moléculas son igualmente móviles, altamente persistentes y tóxicas para la reproducción y el medio ambiente. 

Por ello, Orellana sostiene que el único enfoque científicamente coherente y compatible con los derechos humanos es regular e intentar eliminar progresivamente las PFAS como una categoría única y completa. 

Colonialismo de desechos 

El informe denuncia que la exposición a las PFAS no afecta a todos por igual, sino que sigue y profundiza las líneas históricas de la desigualdad y la marginación. Mientras la mayor parte de las PFAS se fabrica en países industrializados del Norte Global, sus impactos más graves se trasladan al Sur Global mediante la exportación de plaguicidas prohibidos, productos sin etiquetado y el traslado de desechos plásticos contaminados. Orellana documenta casos emblemáticos de traslado de tecnologías contaminantes, como la planta de PFAS de Miteni en Italia, la cual, tras contaminar masivamente las aguas subterráneas del Véneto, fue desmantelada y reubicada en el estado de Maharashtra, India. Las comunidades de bajos ingresos, las minorías raciales y los pueblos indígenas son quienes mayoritariamente viven cerca de plantas químicas, vertederos o bases militares contaminadas por espumas contra incendios.

El informe además señala la profunda asimetría entre las ganancias de la industria química y los costos astronómicos que la contaminación traslada a la sociedad; el ocultamiento de datos sobre la toxicidad y el potencial de acumulación de las PFAS desde las décadas de 1950 y 1970, y que fueron ocultados por sus fabricantes. Denuncia además las tácticas de reestructuración empresarial (como la creación de filiales para transferir pasivos ambientales) diseñadas para proteger a las empresas matrices de las indemnizaciones a las víctimas. 

La hoja de ruta: prohibición de usos no esenciales y tratado vinculante

Para detener la toxificación del planeta, Orellana propone un cambio de paradigma normativo. Por un lado se propone la restricción del uso de PFAS en productos de consumo como cosméticos, textiles, envases de alimentos o espumas contra incendios. En segundo lugar, y siguiendo el modelo del Protocolo de Montreal para la capa de ozono, permitir exenciones temporales estrictas para aplicaciones vitales para la salud o la seguridad donde no existan sustitutos viables. 

El tercer punto de la Hoja de ruta propuesta es iniciar negociaciones para un nuevo instrumento jurídico internacional que establezca la eliminación gradual de las PFAS como categoría general. Y por último: exigir que las empresas químicas asuman el costo total de la remediación ambiental, el suministro de agua limpia y las indemnizaciones a las comunidades afectadas: el que contamina, paga. 

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