El camino hacia la 56ª Asamblea General de la OEA estuvo marcado por intensos debates sobre quiénes tienen derecho a ser escuchados en el foro regional más importante de las Américas.

Recientemente, el escenario político mostró signos de preocupación por la autonomía de la sociedad civil. Un ejemplo crítico ocurrió en 2025, cuando el Gobierno argentino intentó vetar la participación de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) en la 55ª Asamblea, debido a su postura a favor del aborto. A pesar de este intento de censura, la objeción no fue vinculante, lo que permitió a la organización participar y denunciar públicamente el intento de exclusión.

El debate también pone de relieve las paradojas de los Estados miembros. Por un lado, se observa el papel de Canadá, un país que, aunque no ha firmado la Convención Americana de Derechos Humanos, es uno de los mayores aportantes y mantiene posturas progresistas en agendas de género y derechos sexuales (aunque muestra posiciones más conservadoras en debates sobre industrias extractivas). Por otro lado, delegaciones como la de Antigua y Barbuda han liderado la defensa de los procedimientos tradicionales de invitación, argumentando que cualquier cambio en las reglas de juego debe planificarse con antelación y no usarse como barrera de entrada inmediata.

Tras una extenuante sesión de doce horas, se logró finalmente adoptar por consenso una resolución que garantiza la invitación a la 56ª Asamblea General a las organizaciones que solicitaron la participación. Este acuerdo se alcanzó incluso después de que Estados Unidos decidiera distanciarse de la resolución específicamente en lo que respecta a invitar a organizaciones no registradas. La resolución final reafirma la importancia de mantener una OEA abierta al escrutinio y la voz de la ciudadanía regional.