La resolución sobre el matrimonio infantil, temprano y forzado reafirma una vez más que este tipo de uniones constituyen una grave violación de los derechos humanos y una forma de violencia sexual y de género que afecta de manera desproporcionada a las adolescentes y las niñas, además de privarlas de sus derechos a la educación, la salud, la autonomía corporal, el derecho a la igualdad y a vivir libres de violencia. 

Hace hincapié en que, para erradicar esta práctica, es necesario abordar sus causas estructurales mediante enfoques integrales, centrados en las sobrevivientes y basados en los derechos humanos, que defiendan la salud y los derechos sexuales y reproductivos, amplíen el acceso a la educación y a la justicia, y que garanticen la participación significativa de las mujeres y las niñas en la toma de decisiones. 

Esta resolución se enfrentó a siete enmiendas presentadas por Sudán en representación de un grupo de Estados Árabes, contra los términos: salud y derechos sexuales y reproductivos; educación sexual integral; dignidad y autonomía corporal y violencia de pareja. Todas fueron rechazadas.