La resolución sobre la protección de la asistencia sanitaria en los conflictos armados afirma que esta medida es una obligación fundamental en el marco del derecho internacional humanitario. La resolución expresa gran preocupación por el creciente número de ataques contra el personal sanitario, contra los hospitales, el transporte médico y los sistemas de salud. Advierte que sin duda estos ataques socavan el acceso, atención a la salud, es decir al derecho a la salud física y mental y constituyen violaciones graves del derecho internacional. La resolución destaca el impacto desproporcionado de los conflictos en las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, y subraya la necesidad de salvaguardar el acceso a la asistencia sanitaria, los medicamentos esenciales y la asistencia médica humanitaria. Se requiere reforzar la resiliencia de los sistemas sanitarios, mejorar la supervisión y la rendición de cuentas, y defender los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia en la prestación de asistencia médica durante los conflictos armados.