En el marco del 63° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que se celebra del 7 de septiembre al 7 de octubre, el pasado el 25 de septiembre varios expertos y expertas independientes de la ONU señalaron que los Estados deben abordar con urgencia los crecientes ataques contra la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Y señalaron que deben hacerlo incluso mediante una renovada inversión en los sistemas de salud y la protección de los servicios esenciales de atención sanitaria. 

El 26 de septiembre es el Día Mundial de la Anticoncepción y el 28 del mismo mes, el Día Internacional por el Aborto Seguro. En ese marco, las y los expertos independientes de la ONU(1) emitieron una Declaración Conjunta que focaliza en la necesidad de sostener los estándares en derechos humanos, más allá de la polarización política que atraviesan los países.. Aquí compartimos algunos párrafos del texto original en inglés.

“Este año, bajo el lema ‘Solidaridad y acción: justicia reproductiva y polarización‘, reafirmamos que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales e indispensables para el disfrute de la salud, la dignidad, la igualdad y la no discriminación. En muchas regiones, la salud y los derechos sexuales y reproductivos se enfrentan a nuevos ataques a través de leyes y políticas restrictivas, desinformación, discriminación, estigma y esfuerzos deliberados por revertir los logros alcanzados con tanto esfuerzo en materia de igualdad de género, manteniendo al mismo tiempo un statu quo inaceptable. Tales medidas tienen consecuencias graves y desproporcionadas para quienes ya sufren múltiples formas de discriminación que se entrecruzan, incluidas las adolescentes, las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres indígenas, las mujeres negras, las mujeres pertenecientes a minorías raciales y étnicas, las mujeres con discapacidad, las migrantes, las refugiadas, las mujeres desplazadas, las mujeres lesbianas, bisexuales y *queer*, las personas trans y de género diverso, y las personas con variaciones de las características sexuales desde su nacimiento.

Estos desafíos se ven agravados por los recortes en la financiación de los sistemas de salud, los servicios comunitarios y la asistencia internacional, incluido el apoyo a la atención de la salud sexual y reproductiva. […] Los recortes en los servicios de salud y en la asistencia internacional ya están socavando el acceso a la anticoncepción, a servicios seguros de aborto, a la atención de la salud materna, a una educación integral en sexualidad y a otros servicios esenciales. […] El deterioro de los sistemas de salud, los ataques contra el personal sanitario y la politización de la atención de la salud reproductiva van mucho más allá de la interrupción de los servicios. Estas acciones socavan la dignidad, la igualdad y la autonomía corporal, profundizan las desigualdades existentes y debilitan la capacidad de mujeres y niñas para ejercer una verdadera autonomía sobre sus vidas y su futuro […] Los derechos y la salud sexual y reproductiva figuran a menudo entre los primeros derechos que se restringen y entre los más difíciles de restablecer. Los ataques contra centros, personal e infraestructura sanitarios, la interrupción de servicios esenciales y la mayor exposición a la violencia sexual y de género sitúan a mujeres y niñas en una situación de mayor riesgo[…]

Nos preocupan igualmente las amenazas, la intimidación y los ataques contra el personal sanitario, los actores de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos que trabajan para prestar servicios, documentar violaciones y promover la rendición de cuentas. Su labor es fundamental para proteger los derechos, la salud y la dignidad de las mujeres y las niñas, y debe ser respetada, protegida y respaldada. 

Entre las múltiples manifestaciones de estos ataques contra la salud y los derechos sexuales y reproductivos figuran los continuos intentos de restringir la autonomía corporal y las decisiones reproductivas de las mujeres y las niñas. Las mujeres y las niñas deben poder tomar decisiones autónomas sobre sus propios cuerpos y vidas, libres de injerencias políticas, agendas ideológicas e intentos de revertir la igualdad de género. 

El acceso a la anticoncepción y a una atención integral del aborto es fundamental para hacer realidad los derechos y la salud sexual y reproductiva, y está estrechamente vinculado a los derechos a la salud, la vida, la dignidad y la igualdad. […] La autonomía reproductiva no es solo una cuestión de salud; es un requisito previo para la igualdad, el empoderamiento y el pleno disfrute de los derechos humanos […] La mortalidad y la morbilidad materna evitables siguen siendo graves problemas de derechos humanos, mientras millones de mujeres y niñas continúan enfrentando barreras para acceder a servicios de salud esenciales, incluidos aquellos destinados a prevenir embarazos no deseados y en adolescentes.[…] Abordar estos desafíos requiere no solo políticas basadas en evidencia y servicios de salud de calidad, sino también eliminar las barreras estructurales, legales y sociales que impiden a las personas ejercer control sobre sus vidas reproductivas.

La justicia reproductiva exige […] que todas las mujeres y niñas, en toda su diversidad, puedan acceder a servicios de salud asequibles, aceptables y de calidad, obtener información veraz, tomar decisiones informadas libres de coacción, violencia y discriminación, y ejercer su autonomía corporal en condiciones de dignidad, igualdad y no discriminación. Asimismo, exige que los Estados creen las condiciones sociales, económicas y legales necesarias para que las mujeres y las niñas puedan ejercer dichas decisiones en la práctica.

[…] Ante los crecientes ataques contra la igualdad de género y la autonomía reproductiva, los Estados, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas deben defender activamente los derechos de las mujeres y las niñas y salvaguardar los servicios de los que dependen. Esto incluye proteger al personal sanitario y de cuidados que presta servicios esenciales, apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas defensoras de los derechos humanos, y garantizar que no se deje atrás a las mujeres y niñas afectadas por conflictos, crisis, desplazamientos y pobreza. La cooperación internacional sigue siendo fundamental para garantizar que los servicios de salud sexual y reproductiva sean disponibles, accesibles, aceptables y de buena calidad para todas las personas.

Recordamos a los Estados sus obligaciones de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos y la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres y niñas. Esto conlleva garantizar el acceso a métodos anticonceptivos modernos, a la anticoncepción de emergencia y a una atención integral en materia de aborto; eliminar barreras legales, normativas y prácticas; combatir el estigma y la discriminación; y prevenir retrocesos en el ejercicio de estos derechos.

Proteger la autonomía sexual y reproductiva es fundamental para promover la salud, la igualdad, la justicia y el desarrollo sostenible. Instamos a los Estados a desplegar urgentemente todos los esfuerzos posibles para promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos, revertir las medidas regresivas, eliminar las barreras de acceso a la atención, financiar adecuadamente los servicios de salud sexual y reproductiva y garantizar que toda mujer y niña pueda ejercer sus derechos libre de coacción, discriminación y violencia.

Si bien es preciso proteger y fortalecer los logros —conseguidos con gran esfuerzo— en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, y evitar a toda costa su reversión, resulta indispensable asegurar avances significativos, dado que los ataques históricos contra estos derechos en muchos países han dado lugar a violaciones continuas y a un statu quo deplorable”.

1. Firman la Declaración: Mariângela Batista Galvão Simão, Relatora especial sobre el derecho de todas las personas al disfrute del más alto nivel alcanzable de salud física y mental. Claudia Flores (Presidenta), Ivana Krstić (Vice presidenta ), Dorothy Estrada-Tanck, Haina Lu, and Laura Nyirinkindi, Grupo de Trabajo sobre Discriminación contra Mujeres y Niñas; Graeme Reid, Experto Independiente sobre la Protección contra la Violencia y discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género;  Cecilia M Bailliet, Experta Independiente sobre Derechos Humanos y Solidaridad Internacional, Farida Shaheed, Relatora Especial sobre el derecho a la Educación; Andrea Bolaños Vargas, Relatora Especial sobre la situación de lxs defensores de derechos humanos.