Tal como compartimos en entradas anteriores, el 10 de marzo pasado  comenzó el 69°período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), el principal órgano intergubernamental dedicado a la igualdad de género. La sesión se extendió hasta el 24 de marzo y más allá de los compromisos asumidos por los Estados Miembros, que en el mejor de los casos, repiten la misma narrativa de las últimas décadas como si nada hubiese cambiado.  

El mundo está cambiando, las palabras no alcanzan a llenar vacíos políticos, que lejos de abonarse únicamente a fuerza de lenguaje, cobran sentido a través de políticas encarnadas en los sujetos. Particularmente esos sujetos de derecho que permanentemente disputan los márgenes y que una vez más son trofeo de guerra de la batalla por imponer un orden social basado en la deshumanización de la política. 

El Caucus por los Derechos de las Mujeres (WRC) es una coalición feminista interseccional global de más de 700 organizaciones que trabaja para promover los derechos humanos de las mujeres a nivel internacional, regional, nacional y local. Si bien ha celebrado la Declaración Política de la CSW ha expresado las reflexiones y críticas de las organizaciones y movimientos de derechos humanos. 

Directo al punto central, una de las primeras cuestiones que denuncia es la desfinanciación significativa en la igualdad de género por parte de los aliados tradicionales. A eso se suma el auge de los movimientos conservadores y antiderechos que trabajan activamente en el socavamiento y deslegitimación de los avances alcanzados en el reconocimiento de derechos humanos de niñas, mujeres y personas de género diverso a nivel mundial. Por otra parte, celebra la motivación por parte de la Comisión de revitalizar las acciones que se enmarcan en su mandato y funcionamiento a fines de cumplir con su compromiso de defensa de los derechos humanos. 

Sin embargo, en la Declaración política varias cuestiones que se han ido visibilizando cada vez más en las últimas tres décadas, desde los compromisos de Acción de la Conferencia de Beijing, no sólo han sido omitidas del documento, sino que persiste la vulneración sistemática a los derechos humanos de mujeres, niñas y personas LGBTIQ, particularmente porque lo que no se comprende es que el ejercicio de los derechos básicos afecta desproporcionadamente a ciertas poblaciones que transitan múltiples desigualdades. Y que han sido históricamente excluidas de la CSW. 

La inclusión del lenguaje de la OIT sobre los sistemas de cuidado ha sido una cuestión muy bienvenida que se refleja en la Declaración Política, en particular el reconocimiento, la representación, la remuneración, la recompensa y la redistribución del cuidado. Sin embargo, la omisión de la referencia a los derechos sexuales y reproductivos constituye una enorme decepción y riesgo político. Refleja el “rechazo global más amplio a la autonomía corporal” dice el Caucus y “envalentona a los movimientos antiderechos que buscan revertir los logros alcanzados con tanto esfuerzo”. 

A su vez, decepciona que aun cuando las mujeres y las niñas son las más afectadas por la degradación ambiental, la Declaración Política no haya avanzado en este aspecto, retomando en su lugar el mismo lenguaje acordado en la declaración de 2020. 

Teniendo en cuenta estas importantes lagunas y omisiones que amenazan con socavar décadas de progreso. Atendiendo a las amenazas que se traducen al incremento del acoso en línea, la ciberviolencia de género, la vigilancia digital y las campañas de desinformación dirigidas a comunidades marginadas, y coordinadas por poderosos Think Tanks antiderechos, nos preguntamos si es posible revitalizar la Comisión Jurídica y Social de la Mujer como espacio moderno, a la altura de los desafíos que presenta la geopolítica actual.